Gracias al acuerdo interinstitucional firmado en enero por Trabaja Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN), el Programa mejoró este año su proceso de priorización de participantes víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de 1980 al 2000. En ese sentido, tras el proceso de selección de participantes, se contabilizó la inclusión de 667 personas pertenecientes a dicho grupo vulnerable, contrario a lo ocurrido en el 2018, que se contó a 196. Lo ocurrido va en línea con el cumplimiento de la Ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones.